El Guincho, Agonane y BEN MAGEC Ecologistas en Acción remiten alegaciones a las prospecciones petrolíferas a través del Cabildo de Fuerteventura

Las organizaciones ecologistas denuncian el incumplimiento de la normativa europea y plantean alternativas energéticas sostenibles
Las asociaciones ecologistas El Guincho, Agonane y BEN
MAGEC Ecologistas en Acción, a través de las alegaciones presentadas por el Cabildo de Fuerteventura, se han dirigido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en relación con el proceso para convalidar el Real Decreto 1462/2001 sobre las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura, reclamado “el derecho de participación”, y que “se cumpla con la obligación que tiene la administración pública de respetar las normas de participación ciudadana, suscritos en el derecho nacional, el derecho de la Unión Europea y los convenios internacionales. Consideramos que una decisión de la trascendencia de las prospecciones petrolíferas, exige un procedimiento abierto, trasparente y participativo y que se atenga a las normas de prevención del impacto ambiental”, exponen en su escrito.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, señaló al respecto que “como el Ministerio no quiere dar participación a las instituciones científicas, colectivos ciudadanos, ayuntamientos y movimientos sociales, hemos aprovechado el plazo abierto en su momento para los cabildos y hemos recogido sus aportaciones para presentarlas en forma de alegaciones. Esta limitación a la participación ciudadana dice muy poco del carácter democrático de la decisión que quiere imponer el Ministerio en contra de las instituciones de Lanzarote y Fuerteventura”.
Los colectivos ecologistas explican en su escrito al Ministerio, remitido a través del Cabildo que “ha cambiado mucho la realidad desde el 20 de abril del año 2010. La UE ha sido sensible a partir del accidente de la plataforma en el Golfo de Méjico. Ha reflexionado y la Comisión Europea ha enviado una Comunicación al Parlamento Europeo en octubre del 2010 y un proyecto de reglamento de octubre de 2011 (“Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro”); y ha codificado las Directivas de evaluación de impacto ambiental, publicando la Directiva 2001/92 en diciembre del año 2011 que ya ha entrado en vigor (17 de febrero de 2012) en todos los Estados miembros de la Unión Europea”.
Y considera por lo tanto que el Ministerio trata de eludir la reflexión y el esfuerzo desde la Unión de los últimos tres años.
La Directiva 2011/92 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en el Considerando dos de la codificación de dicha directiva de prevención de impacto ambiental, plantea que la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente, se basa en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de, quien contamina paga. Y añade que las repercusiones sobre el medio ambiente han de tenerse en cuenta lo antes posible en todos los procesos técnicos de planificación y decisión.
En el considerando 16 se establece que la participación del público favorece la responsabilidad y la transparencia del proceso de decisiones, y contribuye a la toma de conciencia por parte de los ciudadanos sobre los problemas medioambientales y al respaldo del públicos en la decisiones adoptadas.
Se reconoce además en el considerando 18 que la UE firmó el convenio de la ONU sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, recogido en el convenio de Aarhus de 1998 y ratificado en febrero del año 2005.
En resumen, los colectivos ecologistas plantean al Ministerio en la alegación remitida a través de Cabildo de Fuerteventura que:

• Se desestime formalmente el Borrador Real Decreto 2012, borrador de convalidación del real decreto 1462/2001, sentenciado por El Tribunal Supremo en el año 2004 y, se archive cualquier propuesta relacionada con la implantación de las actividades petrolíferas en Canarias y en particular en las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote.
• Se inicie un proyecto para proteger la inmensidad de los valores naturales, en la zona marítima que tenía previsto desarrollar prospecciones petrolíferas Repsol.
• Que se ejecuten los conocimientos técnicos que se disponen en Canarias para aprovechar los recursos energéticos renovables, de sol, viento y mareomotriz y otros que existen en las islas.